Las Juntas de Acción Comunal, conocidas como JAC, son organismos de participación ciudadana fundamentales para fortalecer la democracia local y promover el desarrollo comunitario en todo el territorio colombiano. Estas organizaciones, reguladas por normas específicas, desempeñan un papel vital en la gestión de los asuntos locales y la representación de los intereses de la comunidad.
En Colombia, las Juntas de Acción Comunal, antes regidas por la Ley 743 de 2002, que establece el marco normativo para su funcionamiento. Hoy modificado por la ley 2166 de 2021, donde expresa que es “Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones”.
Las Juntas de Acción Comunal tienen como objetivo principal promover la participación ciudadana, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de las comunidades. Entre sus funciones se encuentran la representación y defensa de los intereses de la comunidad ante las autoridades locales, la promoción de proyectos de desarrollo socioeconómico, la atención y solución de problemas comunitarios, y la organización de actividades culturales y deportivas.
Estas organizaciones son elegidas por voto popular en asambleas generales, donde los vecinos tienen la oportunidad de elegir a sus representantes. Cada JAC cuenta con una junta directiva conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y otros cargos. Además, existen instancias superiores como las Federaciones y Confederaciones de Juntas de Acción Comunal, que agrupan a varias JAC para trabajar en conjunto y fortalecer su capacidad de incidencia.
La importancia de las Juntas de Acción Comunal radica en su capacidad para promover la participación ciudadana y fortalecer el tejido social en las comunidades. Estas organizaciones se convierten en espacios donde los vecinos pueden expresar sus necesidades, trabajar en proyectos conjuntos y construir soluciones colectivas. Además, las JAC son interlocutores válidos ante las autoridades locales, permitiendo que las voces de la comunidad sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones.
Sin embargo, estas han sido infravaloradas en el desarrollo local en ocasiones, en su mayoría se debe a factores como:
Falta de apoyo institucional: Las Juntas de Acción Comunal requieren apoyo y reconocimiento por parte de las instituciones gubernamentales para poder llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Si no reciben el respaldo necesario, pueden enfrentar dificultades para acceder a recursos, capacidades técnicas y financiamiento para implementar proyectos comunitarios.
Desconocimiento de su importancia: En ocasiones, las autoridades locales y los tomadores de decisiones pueden no estar completamente conscientes del papel fundamental que desempeñan las Juntas de Acción Comunal en el desarrollo local. Esto puede llevar a una falta de priorización y atención hacia estas organizaciones comunitarias.
Falta de participación y empoderamiento comunitario: Si los residentes de una comunidad no están involucrados activamente en los asuntos locales y no se sienten empoderados para participar en la toma de decisiones, las Juntas de Acción Comunal pueden perder relevancia y apoyo. Es fundamental fomentar una cultura de participación ciudadana y empoderamiento comunitario para fortalecer el papel de las Juntas de Acción Comunal en el desarrollo local.
Recursos limitados: Las limitaciones presupuestarias y la falta de recursos disponibles pueden afectar negativamente la capacidad de las Juntas de Acción Comunal para llevar a cabo proyectos y programas en beneficio de la comunidad. Sin un respaldo financiero adecuado, estas organizaciones pueden tener dificultades para abordar las necesidades y demandas de la comunidad.
En resumen, las Juntas de Acción Comunal representan una herramienta fundamental para la democracia local en Colombia. Su funcionamiento dentro del marco legal establecido y su capacidad para impulsar el desarrollo comunitario las convierten en actores clave para el fortalecimiento de las comunidades y la construcción de un país más participativo y equitativo.